El gran escándalo de dopaje sigue sacudiendo el ciclismo portugués: exjefes de equipo luchan por evitar la cárcel

El caso de doping conocido como “Prova Limpa” sigue generando repercusiones en el ciclismo portugués. Adriano Quintanilha, antiguo responsable de la desaparecida estructura 7 W52-FC Porto, y Nuno Ribeiro, quien ejercía como director deportivo del equipo, han decidido recurrir las penas de prisión efectiva que les fueron impuestas por la justicia.

Ambos fueron condenados a una pena única de cuatro años y nueve meses de cárcel, tras ser considerados figuras clave dentro de un esquema organizado de dopaje. La decisión fue dictada por el Tribunal de Penafiel, que dio por probada prácticamente toda la acusación presentada por el Ministerio Público. Según el fallo, Quintanilha desempeñaba un papel central en la operación, financiando la adquisición de sustancias prohibidas y tomando las decisiones finales, mientras que Ribeiro actuaba como intermediario directo con los ciclistas, encargándose de conseguir los productos y de indicar su uso.

El recurso, según A Bola, ya ha sido elevado al Tribunal de la Relación de Oporto. No solo los dos principales condenados han impugnado la sentencia, sino también la Asociación Calvário Várzea —entidad que dio origen al equipo— y otros implicados en el proceso. Por su parte, la Federación Portuguesa de Ciclismo, que participa como asistente, ha solicitado una prórroga de 30 días para responder a los recursos, alegando la gran complejidad del caso y el volumen de documentación.

De hecho, tanto la sentencia como los recursos suman cientos de páginas. El fallo judicial alcanza las 417 páginas, mientras que los distintos recursos superan en conjunto las 800, destacando especialmente los presentados por Quintanilha, Ribeiro y la propia asociación.

El tribunal también subrayó la gravedad de la actuación de ambos dirigentes, señalando su alto grado de responsabilidad y una clara intencionalidad, lo que motivó que las penas no fueran suspendidas. En contraste, varios exciclistas del equipo recibieron condenas más leves —inferiores a dos años y medio y con suspensión— al ser considerados el eslabón más vulnerable dentro de la red.

En cuanto a la Asociación Calvário Várzea, además de sumarse al recurso, deberá hacer frente a una multa de 57.000 euros y queda excluida de cualquier competición ciclista, ya sea profesional o amateur, durante un periodo de cuatro años.

Este caso representa uno de los mayores escándalos recientes en el ciclismo portugués y continúa su curso en los tribunales, a la espera de una nueva decisión en segunda instancia.