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Wout van Aert exige una indemnización por la consulta ilegal de su domicilio: un funcionario declara ante el tribunal

Ciclismo
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Wout van Aert y su esposa, Sarah De Bie, reclaman 400 euros en concepto de daños y perjuicios en un proceso judicial en Bélgica por consultas a los datos personales de unos 30 ciclistas profesionales. La pareja se personó como parte civil en el procedimiento, celebrado en Mons, y prevé donar a una organización benéfica cualquier indemnización que reciba.
«Al principio, estaba relacionado con las elecciones. Después se convirtió en una curiosidad enfermiza. Quería saber dónde vivían los ciclistas», declaró el lunes ante el tribunal el antiguo empleado municipal.

Van Aert y De Bie reclaman una indemnización por la vulneración de la privacidad familiar

El abogado que representa al vigente campeón de la Paris-Roubaix y a De Bie subrayó «la necesidad de proteger su privacidad y la de sus hijos», según Belga. Al personarse como parte civil, la pareja puede solicitar que el tribunal resuelva su reclamación de indemnización en el marco del proceso penal.
Remco Evenepoel y Mathieu van der Poel figuran entre los corredores cuyos datos fueron consultados. También se investigaron consultas a los datos de Greg Van Avermaet, Arnaud De Lie, Victor Campenaerts y Oliver Naesen. Según se informó, el acusado, que dijo llevar 46 años montando en bicicleta, declaró ante el tribunal que Van Aert era su ciclista favorito.
La defensa afirmó que el hombre no había divulgado los datos de los ciclistas ni había intentado chantajear a nadie. Sostuvo que no pretendía causar daño.

Cómo salieron a la luz las consultas en el ayuntamiento de La Louvière

Las consultas se produjeron entre enero y septiembre de 2023, cuando el hombre trabajaba para el ayuntamiento de La Louvière. La investigación también detectó consultas sobre compañeros del consistorio, vecinos y políticos locales, entre ellos Jacques Gobert, alcalde en aquel momento.
Wout van Aert
Wout van Aert, ganador de París-Roubaix 2026
La investigación comenzó en julio de 2023, tras una denuncia distinta por acoso sexual, que la defensa niega. En el sistema informático municipal se detectaron consultas sospechosas. El ayuntamiento suspendió el acceso del hombre y abrió un expediente disciplinario antes de despedirlo en mayo de 2024.
Los cargos incluyen el uso no autorizado de información del censo electoral y el tratamiento ilícito de datos personales. La autoridad belga de protección de datos explica que la ley limita el uso de las listas de votantes a fines electorales.
En la vista del lunes, la fiscalía solicitó 120 horas de servicios comunitarios. El antiguo empleado no tenía antecedentes penales.
La reclamación de daños y perjuicios de Van Aert y De Bie es una cuestión que el tribunal deberá resolver por separado. Aún no se ha confirmado el resultado.
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