Palo de la UCI a Carlos Verona: no hay escapatoria en el conflicto de las licencias

La UCI ha puesto punto final a la polémica de las licencias con una decisión que impacta de lleno en casos como el de Carlos Verona. El organismo internacional ha dejado claro que los corredores deben tramitar su licencia en el país donde residen, cerrando así la puerta a alternativas como inscribirse en el país de origen.

Una resolución que refuerza la postura de la Federación Andorrana de Ciclismo y que deja sin recorrido la vía que algunos profesionales habían explorado en medio del conflicto.

En pleno enfrentamiento con la federación andorrana, Verona optó por gestionar su licencia en España, una decisión que justificó como un gesto de coherencia personal tras las discrepancias surgidas por las nuevas condiciones económicas impuestas en Andorra.

Sin embargo, el pronunciamiento de la UCI invalida este tipo de maniobras. La norma es clara: el criterio que prevalece es el de residencia, independientemente de la nacionalidad del ciclista. Una interpretación que da la razón al organismo andorrano y deja sin respaldo a quienes habían optado por esa vía alternativa.

Todo se desencadenó a raíz de los cambios impulsados por la federación, que inicialmente planteó un depósito reembolsable de más de 8.000 euros como garantía ante posibles casos de dopaje. La medida, muy contestada dentro del pelotón, acabó transformándose en un aumento del coste de la licencia, que se duplicó.

Verona fue una de las voces más críticas con el proceso, cuestionando tanto el fondo como las formas. Su descontento, enmarcado en un malestar más amplio entre los ciclistas residentes en Andorra, le llevó a tomar distancia con la gestión federativa.

Lejos de abrir la puerta a interpretaciones, la UCI ha reafirmado que el requisito de tramitar la licencia en el país de residencia sigue plenamente vigente. Además, el organismo ha validado todas las licencias ya emitidas para la temporada 2026, incluidas aquellas gestionadas bajo el sistema anterior.

La revisión también ha sacado a la luz que más de una docena de profesionales residentes en Andorra ni siquiera estaban inscritos en la federación local, una situación que ahora queda bajo foco tras la decisión internacional.

Con esta resolución, la UCI no solo zanja la polémica, sino que lanza un mensaje directo al pelotón: no hay margen para elegir dónde federarse en función de conveniencia.

Para corredores como Verona, el escenario cambia por completo. La norma ya no admite interpretaciones: quien vive en un país, debe competir bajo la licencia de ese mismo país.