Adam Hansen justifica el apoyo económico de la Asociación de Ciclistas a la UCI: “Es una cuestión de unidad”

El presidente de la Asociación de Ciclistas Profesionales (CPA), Adam Hansen, ha defendido públicamente la decisión del sindicato de respaldar económicamente a la UCI en su batalla legal contra SRAM por las restricciones en las relaciones de transmisión.

La controversia gira en torno a la intención de la UCI de apelar el fallo judicial de 2025 que obligó a suspender la implantación de un Estándar de Relación de Transmisión Máxima en el ciclismo profesional. Para financiar ese recurso, el organismo internacional contempla destinar 300.000 euros del presupuesto de SafeR, el grupo conjunto creado para mejorar la seguridad en el pelotón.

SafeR está financiado por varias partes interesadas, entre ellas la AIGCP (asociación de equipos), la Association Internationale des Organisateurs de Courses Cyclistes (AIOCC), la propia UCI y la CPA. La AIGCP se mostró contraria a que fondos destinados a seguridad se empleen en honorarios legales, especialmente teniendo en cuenta que muchos equipos utilizan componentes SRAM y, en cierto modo, estarían financiando un litigio contra un proveedor clave.

Hansen, sin embargo, en declaraciones a Cyclingnews, defendió la postura adoptada por la CPA: “A nadie le gusta ver que se gasta dinero en abogados. Es obvio. Este asunto se trata de unidad y colaboración”.

El australiano recordó que todas las partes implicadas en SafeR habían aprobado previamente la prueba de limitación de marchas prevista en el Tour de Guangxi, una iniciativa pensada como experimento para evaluar su impacto en la seguridad y recoger la opinión de los corredores. Esa prueba fue bloqueada después de que SRAM presentara un procedimiento ante la autoridad belga de competencia.

“La prueba de restricción de marchas en el Tour de Guangxi se concibió como una prueba sencilla, para que SafeR pudiera recibir la opinión de los ciclistas, como en todas las demás pruebas que ha realizado. Dado que todos en SafeR acordaron realizar esta prueba, incluidos los equipos a través de la AIGCP, es natural que los fondos de SafeR se utilicen ahora para las acciones legales”, argumentó Hansen.

Para el presidente de la CPA, el debate no es solo jurídico, sino estratégico. “No podemos arriesgarnos a que en el futuro SafeR llegue a un acuerdo sobre una prueba o una acción para mejorar la seguridad y luego la UCI no tome medidas porque alguien haya emprendido acciones legales en su contra”.

El apoyo a la limitación de desarrollos en el pelotón está lejos de ser unánime. Wout van Aert se mostró favorable a estudiar la medida como vía para reducir velocidades y riesgos, mientras que Tom Pidcock expresó su rechazo: “Limitar las marchas solo hará que todo sea más peligroso”.

Desde que Hansen asumió la presidencia en 2013, la seguridad ha sido uno de los ejes centrales de la CPA, con avances significativos que culminaron en la creación de SafeR como espacio de cooperación entre corredores, equipos, organizadores y la UCI. Precisamente por eso, el uso de fondos de seguridad para financiar litigios ha generado debate interno.

La defensa de Hansen se apoya en un principio: la cohesión. “SafeR es eficaz y puede mejorar la seguridad cuando las cuatro partes interesadas acuerdan una estrategia e iniciativas de seguridad. Cuando las partes interesadas trabajan juntas, todos podemos hacer diferentes sugerencias y las aceptamos”.

“A veces, a una parte interesada no le gustaba la idea de otra, pero trabajamos juntos por el bien del deporte. Esa es la mejor manera de avanzar para mejorar la seguridad”.

Y concluye con un argumento directo sobre la necesidad de respaldar ahora a la UCI: “La prueba de limitación de material no fue la excepción. Si ninguna de las partes interesadas respalda a la UCI ahora, con la acción legal, ¿por qué iban a escuchar a la CPA y a otras partes interesadas de SafeR en el futuro?”.